La explotación sexual infantil en el mundo digital

UNICEF en Paraguay ha implementado entre 2015 y el primer semestre de 2016, con el apoyo de fondos otorgados por el Gobierno del Reino Unido, un programa de cooperación con el país para la construcción de capacidades nacionales que permitan enfrentar adecuadamente la problemática de la explotación sexual infantil en línea.

Estos esfuerzos se han enmarcado en una iniciativa de alcance global denominada ‘#WeProtect’, que ha convocado a gobiernos, sociedad civil y sector privado a asumir a escala mundial un compromiso colaborativo intersectorial y de largo alcance, entendido como la única vía efectiva para enfrentar un crimen que no respeta fronteras y que amenaza la integridad psíquica y física de niños y adolescentes en todo el mundo.

El derecho de niñas, niños y adolescentes a ser protegidos de la explotación y el abuso en todas sus formas, consagrado por la Convención de los Derechos del Niño, abarca también el ámbito de la protección de sus derechos en el uso de Internet, herramienta que actualmente se torna imprescindible para las fases de aprendizaje y socialización de la niña, niño o adolescente, y para su integración al mundo del conocimiento en general.

A tal efecto, entre otras acciones desarrolladas en el marco de la referida iniciativa #WeProtect, UNICEF Paraguay ha encomendado a un grupo de expertos de diversas disciplinas la realización de investigaciones que permitan contar con información y diagnóstico actualizados sobre las capacidades existentes a nivel país en la materia, incluyendo la identificación de los marcos jurídico e institucional respectivos.

Profesionales de Global Infancia hicieron posible está investigación.

En la presente publicación, el lector encontrará una descripción básica de situación en relación a:

1) el marco jurídico existente en Paraguay en materia de explotación y abuso sexual infantil en línea;

2) las aproximaciones estadísticas actualmente disponibles sobre la problemática;

3) la mirada de niños, niñas y adolescentes a la explotación sexual en su relación con las nuevas tecnologías;

4) los roles de las instituciones públicas competentes y sus capacidades de articulación conjunta;

5) y una introducción conceptual a la necesidad de instalar en el país una línea de denuncias según parámetros internacionales (siguiendo el modelo de las denominadas hotlines).

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